Incapacitación Judicial. 10 cuestiones claves

No cabe duda de que en determinados casos incapacitar a un ser querido puede ser una decisión dolorosa. Pero también es indudable que, en muchos casos, es la única vía que nos garantiza poder proteger a esa persona y a su patrimonio. Tratamos por ello a continuación de clarificar 10 cuestiones básicas relativas a la incapacitación judicial.

1 – ¿Qué es la incapacitación judicial y en que consiste?

En esencia, podemos definir la incapacitación como una declaración judicial que limita o anula la capacidad de obrar de una persona, estableciendo a su vez un régimen de protección, que consistirá en el nombramiento de un tutor. Es importante destacar que nadie puede ser incapacitado si no es en virtud de una sentencia judicial (art. 199 Código Civil). O lo que es lo mismo, la incapacitación judicial siempre conllevará un procedimiento judicial previo en el que habrá de quedar perfectamente acreditado que concurren causas de incapacitación.

2 – ¿Qué enfermedades pueden dar lugar a la incapacitación judicial?

Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma (art. 200 Código Civil). Esto es, hablamos de patologías duraderas en el tiempo o crónicas y que impidan o desaconsejen que la persona afectada tome determinadas decisiones relevantes por sí misma. Así, por ejemplo, una de las causas más comunes de incapacitación es el alzheimer.

3 – ¿Quién puede solicitar la incapacitación?

La demanda de incapacitación solamente puede ser instada por el cónyuge (o quien se encuentre en situación análoga), ascendientes, descendientes, hermanos o incluso por el presunto incapaz. Ahora bien, ¿qué pasa cuando no existen las personas anteriormente indicadas, están en paradero desconocido o directamente no quieren saber nada de la situación? En estos casos, cualquier persona podría poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal y si este estimara que la persona está necesitada de protección, promovería directamente el procedimiento de incapacitación. En el caso de menores de edad, la incapacitación solamente podrá ser promovida por quien ejerza la patria potestad o tutela.

4 – ¿En qué consiste el procedimiento de incapacitación judicial?

Como antes apuntábamos, nadie puede ser incapacitado sino en virtud de una sentencia judicial. Por ello, el procedimiento de incapacitación se iniciará con una demanda que deberá presentarse en los juzgados del lugar de residencia del presunto incapaz. Será necesaria por tanto la asistencia de abogado y procurador. Esencialmente, en el procedimiento de incapacitación lo que se determinará es si el presunto incapaz puede tomar decisiones relevantes por sí mismo y para ello se valorarán informes médicos. Dichos informes pueden ser aportados por el propio demandante y en todo caso el juzgado solicitará que se realice un reconocimiento por parte de un perito médico judicial y el propio juez se entrevistará de forma directa con el presunto incapaz. Conforme al art. 760 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, “la sentencia que declare la incapacitación determinará la extensión y los límites de ésta”, o lo que es lo mismo, la sentencia determinará el alcance de la incapacitación, señalando los actos que el incapaz puede realizar por sí mismo. También el Tribunal, cuando lo estime necesario, se pronunciará sobre la necesidad de internar al incapaz para su guarda y tratamiento médico.

5 – ¿En qué consiste la figura del tutor?

Partiendo de la base de que la incapacitación es una medida de protección tanto del incapaz como de sus bienes, el tutor será la persona encargada de otorgar dicha protección, representando y defendiendo los intereses del incapaz en todos los ámbitos.

El Código Civil establece un orden de preferencia para el nombramiento de tutor, de manera que en primer lugar se nombrará al designado por el propio tutelado (cabe la posibilidad de que, en previsión de una posible incapacitación, se nombre ante Notario a quien queremos que sea nuestro tutor si nos incapacitasen en el futuro), posteriormente al cónyuge, padres, hermanos o cualquier otra persona con vínculos suficientes con el incapaz que el juez considere más conveniente para el tutelado. 

En cuanto a las obligaciones del tutor, la esencial será velar por el tutelado, procurarle alimentos, promover la recuperación de su capacidad de obrar y además informar al juez anualmente de la situación del incapacitado rindiendo cuenta anual de su administración. 

En cuanto la negativa a aceptar el cargo de tutor, lo que legalmente se conoce como excusa del cargo, podrá tener lugar siempre que al nombrado tutor le resulte excesivamente gravoso el ejercicio del cargo, por ejemplo, por razones de edad, enfermedad, ocupaciones personales o profesionales, falta de vínculos con el tutelado, etc. Igualmente, si alguna de estas circunstancias acontece de forma sobrevenida el tutor podrá excusarse de seguir ejerciendo la tutela y se nombrará un nuevo tutor.

Debe señalarse por último que el tutor tiene derecho a una retribución siempre que el patrimonio del tutelado lo permita. La cuantía de la retribución se determinará por el juez teniendo en cuenta el trabajo a realizar y el valor o rentabilidad de los bienes administrados.

6 – ¿Para qué actos necesita el tutor contar con autorización judicial?

Aun siendo el representante legal del tutelado, existen determinados actos que el tutor no podrá llevar a cabo sin contar con autorización judicial. Así, conforme al art. 271 del Código Civil, se precisará autorización judicial para:

  • Internar al tutelado en un establecimiento de salud mental o de educación o formación especial.
  • Para enajenar o gravar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, objetos preciosos y valores mobiliarios, o celebrar contratos o realizar actos que tengan carácter dispositivo y sean susceptibles de inscripción. 
  • Para renunciar derechos, así como transigir o someter a arbitraje cuestiones en que el tutelado estuviese interesado.
  • Para aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia, o para repudiar esta o las liberalidades.
  • Para hacer gastos extraordinarios en los bienes.
  • Para entablar demanda en nombre de los sujetos a tutela, salvo en los asuntos urgentes o de escasa cuantía.
  • Para ceder bienes en arrendamiento por tiempo superior a seis años.
  • Para dar y tomar dinero a préstamo.
  • Para disponer a título gratuito de bienes o derechos del tutelado.
  • Para ceder a terceros los créditos que el tutelado tenga contra él, o adquirir a título oneroso los créditos de terceros contra el tutelado.

7 – ¿En qué consiste la rendición de cuentas?.

La rendición de cuentas es la obligación que el Código Civil impone al tutor de informar anualmente sobre la situación del incapacitado y rendirle cuenta anual de su administración. Dicha rendición de cuentas se realizará mediante un escrito dirigido al juzgado en el que brevemente se informará de la evolución del incapaz y se hará una suerte de “contabilidad” de sus ingresos y gastos. Esta obligación es anual, si bien en cualquier momento tanto juez como fiscal podrán requerir al tutor para que se informe sobre la administración del patrimonio del tutelado.

8- ¿La incapacitación es definitiva? ¿Permite modificaciones?

No, la incapacitación no es definitiva, y de hecho el art. 761 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que la sentencia de incapacitación no impedirá que, sobrevenidas nuevas circunstancias, pueda instarse un nuevo proceso que tenga por objeto dejar sin efecto o modificar el alcance de la incapacitación ya establecida. Y, además, debe tenerse en cuenta que entre las obligaciones del tutor que antes mencionamos, está el promover la recuperación de la capacidad del tutelado. En cuanto al procedimiento para recuperar la capacidad o modificar los límites de esta, será en esencia el mismo que el destinado a declarar la incapacidad: esto es, se practicarán las pruebas destinadas en este caso a determinar si el incapaz ha recuperado la capacidad para gobernarse por sí mismo.

9- ¿Puede oponerse a la incapacitación el presunto incapaz?

Sí, efectivamente el presunto incapaz puede comparecer en el proceso con su propia defensa y representación y oponerse por tanto a ser incapacitado. En el caso de que no compareciese con su defensa, será el Fiscal el encargado de su defensa, salvo en aquellos casos que la propia fiscalía hubiese promovido el procedimiento. En estos casos el Tribunal nombrará un defensor judicial.

10- ¿Qué ocurre en los casos más urgentes?

En aquellos casos en que por razones de urgencia, peligro inminente para el presunto incapaz o para sus bienes no pueda esperarse a la finalización de un procedimiento judicial, puede recurrirse a las medidas cautelares que prevé la propia Ley de Enjuiciamiento Civil, de forma que, previa audiencia de las partes interesadas, puedan adoptase por parte del juez medidas destinadas a la protección del incapaz o de su patrimonio. Estas medidas cautelares podrán ser solicitadas antes de iniciar el procedimiento de incapacitación e igualmente una vez que el procedimiento esté iniciado si fuera necesario.

Si tiene cualquier duda o necesita iniciar un procedimiento de incapacitación judicial, no dude en contactarnos. Nuestros especialistas valorarán el caso y le ofrecerán las mejores soluciones.

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