Preguntas y respuestas sobre el divorcio

El divorcio es la disolución legal del vínculo matrimonial existente entre los cónyuges. Los efectos jurídicos del divorcio son la finalización definitiva del matrimonio. Ello implica que, tras la firmeza de la sentencia de divorcio, cada uno de los cónyuges puede contraer matrimonio con otra persona. El divorcio se diferencia de la separación en que la separación no extingue el matrimonio. Los cónyuges separados no pueden volver a contraer matrimonio porque el vínculo matrimonial aún sigue vigente, en el caso de divorcio el vínculo matrimonial se rompe  definitivamente.

La Ley 15/2005, de 8 de julio modificó el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto a las causas legales de separación y divorcio. Desde dicha modificación ya no es necesario alegar ninguna causa para solicitar la separación o el divorcio, ni tampoco se exige la separación previa antes de decretar el divorcio. Tal y como establece el artículo 86 del Código Civil, el único requisito para solicitar el divorcio radica en el transcurso del tiempo desde que se contrajo matrimonio.

Se puede decretar el divorcio una vez hayan transcurrido tres meses desde la celebración del matrimonio. Solo hay una excepción a este requisito, y es el hecho de que se acredite la existencia de un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio. En este caso, excepcionalmente, y siempre que pueda probarse dicha circunstancia, se podrá solicitar el divorcio en cualquier momento.

Sí, basta la petición de uno solo de los cónyuges para que el juez decrete el divorcio. La voluntad de uno solo de los cónyuges de querer disolver el matrimonio es suficiente, el otro cónyuge no podrá oponerse al divorcio por motivos materiales.

Existen dos tipos de procedimiento de divorcio. El divorcio de mutuo acuerdo y el divorcio contencioso. El divorcio de mutuo acuerdo es mucho más rápido y económico que el divorcio contencioso, por lo que siempre es preferible optar por este tipo de procedimiento. Sin embargo, las discrepancias entre los cónyuges respecto a las medidas de carácter patrimonial o referentes a la custodia de los hijos menores y al régimen del derecho de visitas de los mismos hacen inviable, en ocasiones, llegar a un acuerdo. En estos casos, es necesario acudir a la vía del divorcio contencioso.

El divorcio de mutuo acuerdo es el que se solicita por ambos cónyuges o por uno de ellos con el consentimiento del otro. Los trámites son muy sencillos. Una vez transcurridos tres meses de matrimonio, ambos cónyuges podrán presentar la demanda de divorcio ante el Juzgado. 
 
En el caso del divorcio de mutuo acuerdo ambos cónyuges podrán valerse de la defensa y representación de un único abogado y procurador, por lo que el procedimiento es mucho más económico. 
 
Junto con la demanda, se deberá acompañar  la propuesta de Convenio Regulador. El Convenio Regulador tendrá que contener  las medidas que regirán en el futuro la vida de los cónyuges, según lo dispuesto en el artículo 90 del Código Civil, estableciendo los acuerdos adoptados respecto a los siguientes extremos: 
 
Si existen hijos menores de edad, se tendrá que regular el régimen de custodia de los mismos, así como (en su caso) el establecimiento del régimen de visitas y comunicaciones del cónyuge no custodio.
En el caso de que no se establezca la custodia compartida de los hijos menores, se tendrá que fijar una pensión alimenticia a favor de  los mismos y con cargo al cónyuge no custodio, así como la distribución de los gastos extraordinarios. En el caso de que exista custodia compartida, deberá determinarse el régimen de participación de cada cónyuge a los gastos de los hijos menores.
Si el matrimonio tuviera un patrimonio común, podrá regularse también la disolución de la comunidad de bienes o su liquidación.
También se debe regular la atribución de la vivienda conyugal y del ajuar familiar, es decir, cuál de los cónyuges va a seguir viviendo en el que hasta el momento de la ruptura era el domicilio conyugal.
Si existiesen cargas sobre el patrimonio conyugal, habrá de determinar cómo se distribuyen las mismas. Por ejemplo, quién se hace cargo o en qué porcentaje se asume el pago de la cuota hipotecaria, de los gastos de la vivienda o de los impuestos y tasas que pesan sobre ella.
En el caso de que la ruptura del matrimonio produzca  a alguno de los cónyuges un desequilibrio económico, podrá establecerse a favor del mismo  una pensión compensatoria, de conformidad a lo dispuesto en el artículo  97 del Código Civil.
 
Admitida la demanda de divorcio ante el Juzgado, se citará a las partes para ratificarse en su solicitud de divorcio y en el contenido del Convenio Regular. Si existen hijos menores también se citará al Ministerio Fiscal para que vele por el interés de los mismos. Si el informe del Ministerio Fiscal es favorable, el juzgado dictará sentencia decretando el divorcio y aprobando las medidas contenidas en el Convenio. Cuando la sentencia sea firme se inscribirá la misma en el Registro Civil.

En el caso de no existir hijos menores, el divorcio podrá otorgarse ante notario. Este supuesto se denomina popularmente “divorcio express”. Para ello, ambos cónyuges deben manifestar ante notario su voluntad de divorciarse. Tendrán también que aportar el Convenio Regulador que contendrá las medidas que les afecten. En este caso, el divorcio se produce a través de la escritura pública notarial que deberá inscribirse en el Registro Civil para producir plenos efectos ante terceros.

El divorcio contencioso es el que se produce en el caso de que no exista acuerdo entre los cónyuges respecto a las medidas aplicables que afecten a los hijos menores, a la distribución o gestión del patrimonio conyugal, al importe de la pensión de alimentos a favor de los hijos o al establecimiento o cuantía de la pensión compensatoria a favor de uno de los cónyuges.

El procedimiento se inicia mediante la demanda que presentará un cónyuge contra el otro ante el juzgado. El demandante, junto con su demanda, propondrá las medidas que solicita derivadas de la ruptura conyugal. 
 
 En el divorcio contencioso cada uno de los cónyuges tendrá que estar defendido y representado por un abogado y un procurador diferente, por lo que el procedimiento es mucho más costoso.

El divorcio contencioso está regulado en los artículos   769 y 770 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Los trámites por los que se rige son los del Juicio Verbal. Una vez presentada la demanda se dará traslado de la misma al otro cónyuge que tendrá el plazo de  días para contestar a la misma. Si no hay acuerdo respecto a las medidas propuestas, se convocará a las partes a la celebración de una vista en la que se practicarán las pruebas propuestas por las partes y admitidas por el juez. En el caso de que haya hijos menores, también se dará traslado de la demanda al Ministerio Fiscal que también asistirá a la vista en defensa de los intereses de los menores.

Una vez celebrada la vista, el juez dictará la sentencia de divorcio. En dicha sentencia se establecerán las medidas definitivas que regularán los efectos del divorcio.

En cualquier momento del procedimiento de divorcio contencioso es posible solicitar la reconducción al procedimiento de mutuo acuerdo. Para ello, será necesario que ambos cónyuges aporten el Convenio Regulador respecto a todas las medidas que regirán en un futuro entre los mismos, tal y como hemos expuesto anteriormente. A partir de ese momento, el trámite seguirá por el procedimiento de divorcio de mutuo acuerdo.

La sentencia de divorcio contendrá los siguientes pronunciamientos:

La disolución del vínculo matrimonial.
La disolución del régimen de la sociedad de gananciales (caso de que lo hubiere).
La atribución del uso de la vivienda que constituía el domicilio conyugal.
El régimen de guarda y custodia de los hijos menores.
El régimen de visitas de los hijos menores.
La pensión de alimentos a favor de los hijos menores.
La distribución de los gastos extraordinarios de los hijos menores.
La contribución a las cargas del matrimonio.
El establecimiento y cuantía de la pensión compensatoria a favor del cónyuge al que el divorcio produzca un desequilibrio económico (en el caso de que proceda).

Para tramitar el divorcio son necesarios los siguientes documentos:

Certificado literal de matrimonio (Se obtiene en el Registro Civil de la localidad en la que se celebró el matrimonio).
Certificado literal del nacimiento de los hijos menores (Se obtiene en el Registro Civil de la ciudad en la que nacieron los hijos).
Certificado de empadronamiento (Se obtiene en el ayuntamiento del último domicilio conyugal).
Nóminas de ambos cónyuges.
Declaración de la renta de ambos cónyuges.
Justificantes de los gastos de los niños, como gastos de guardería, matrícula o comedor escolar, gastos de actividades extraescolares, libros, papelería, ropa, gastos médicos no cubiertos por la Seguridad Social,  etc.
Escrituras de propiedad de los inmuebles que posean los esposos, así como las posibles cargas o hipotecas que pesen sobre los mismos.
 Saldos en las cuentas bancarias de los cónyuges.
Cualquier otro gasto relevante que afecte a los hijos menores o al patrimonio de cualquiera de los cónyuges.

Una vez que la sentencia de divorcio sea firme, el juzgado librará de oficio mandamiento al Registro Civil para que se inscriba en el mismo la disolución del matrimonio de los cónyuges producida por el divorcio.

Según dispone el artículo 89 del Código Civil, los efectos de la disolución del matrimonio por divorcio se producirán desde la firmeza de la sentencia o decreto que así lo declare o desde la manifestación del consentimiento de ambos cónyuges otorgado en escritura pública

El tiempo en que tarda la tramitación del divorcio depende del volumen de trabajo de cada juzgado. En el caso de un divorcio de mutuo acuerdo el procedimiento es muy rápido y podría resolverse en solo un mes. En cambio, en el caso de un divorcio contencioso el procedimiento se alarga mucho más y podría llegar a tardar en resolverse más de un año.

A partir del momento en que el divorcio se inscriba en el Registro Civil ya podrás contraer un nuevo matrimonio.

Las medidas establecidas en el Convenio Regulador o las que, en defecto de acuerdo, hayan sido fijadas en la sentencia judicial pueden modificarse siempre que cambien las circunstancias que se tuvieron en cuenta para su adopción. En caso de falta de acuerdo, el cónyuge que pretenda cambiar las medidas tendrá que presentar una demanda de modificación de las mismas y acreditar judicialmente el cambio de las circunstancias que justifiquen dicho cambio.

Antes de tomar una decisión tan relevante como la de divorciarse, es muy recomendable que se tome un tiempo para pensar si está completamente seguro de dar ese paso, para ello conviene conocer algunas de las consecuencias de divorciarse.
En el ámbito económico las consecuencias diferirán mucho dependiendo de las circunstancias de los cónyuges (régimen económico matrimonial, ingresos y ocupaciones de cada uno de los cónyuges, momento y circunstancias de la adquisición de los bienes por los cónyuges, etc), dichas consecuencias, entre otras, serán:
Disolución de la sociedad de gananciales y reparto de los bienes.
Pensión de alimentos.
Pensión compensatoria.
Uso de la vivienda familiar.

Indudablemente, el divorcio de mutuo acuerdo es siempre preferible al divorcio contencioso, tanto por rapidez en la tramitación al simplificarse los trámites, como por la evitación de problemas que supone pactar las condiciones del divorcio entre los cónyuges.
Dicho esto, hay ocasiones en que resulta inviable el divorcio de mutuo acuerdo por las posiciones alejadas de los cónyuges y debe tramitarse como contencioso, en este caso cada cónyuge será representado por un abogado de divorcios que velará por defender los intereses de su cliente.

La guarda y custodia de los hijos menores se atribuirá a los cónyuges dependiendo de las circunstancias concurrentes. 
Puede atribuirse la guarda y custodia solamente a uno de los cónyuges, pasando el menor la mayoría del tiempo con éste y fijarse un régimen de visitas con el otro cónyuge.
Por otro lado, también puede darse el caso de que se atribuya una guarda y custodia compartida entre los dos cónyuges, repartiéndose la compañía del hijo menor de manera igualitaria, lo que no quiere decir que deban establecerse periodos de estancia similares, sino que dicho reparto debe efectuarse de forma equitativa y siempre velando por el interés del menor.

El divorcio internacional se da cuando los cónyuges que quieren divorciarse tienen nacionalidades distintas o cuando han contraído matrimonio en un país diferente al que residen.
En los casos de divorcio internacional los trámites para poder llevarlo a cabo se complican, siendo muy recomendable contar con un abogado especializado en derecho de familia para que los lleve a cabo.
Otra cuestión en la que un abogado de familia podrá ayudarle en los divorcios internacionales es en el reconocimiento en su país de residencia de la sentencia de divorcio dictada en otro país, a través del procedimiento llamado exequatur.

La sustracción o secuestro internacional de menores se produce cuando uno de los progenitores traslada al menor de su residencia habitual, sin consentimiento del otro progenitor, o le retiene incumpliendo lo establecido en una resolución judicial o administrativa, todo ello fuera de España.
Esta sustracción supone privar al menor de la compañía de uno de sus progenitores, trasladándolo fuera del país de residencia, conducta sumamente grave que constituye delito, encontrándose regulado en el artículo 225 bis del Código Penal. Resulta imprescindible, dada la complejidad de este tipo de procedimientos, contar con un abogado especializado en derecho de familia y con conocimientos de derecho penal.

La situación en cuanto pago de la hipoteca de la vivienda familiar en caso de divorcio cambia según las circunstancias de los cónyuges, resultando recomendable conocer las mismas en los diferentes escenarios.
Si el régimen económico matrimonial es el de separación de bienes y se adquiere la vivienda con un préstamo hipotecario por uno de los cónyuges antes del matrimonio, la propiedad de la casa y la responsabilidad frente a la deuda son exclusivos de ese cónyuge, si bien en caso de que haya hijos menores y se otorgue la custodia al otro cónyuge, el uso de la vivienda familiar en principio se otorgará al cónyuge custodio, aunque no sea el propietario de la vivienda.
En el caso de que el préstamo hipotecario esté suscrito por los dos cónyuges, ambos deben responder de la deuda aunque sea solo uno de ellos el que resida en el domicilio. En estos casos puede pactarse la extinción del condominio, pasando a ser el inmueble propiedad de uno solo de los cónyuges divorciados, si bien deberán realizarse los trámites correspondientes con el banco para que la hipoteca quede solamente a nombre del beneficiario del condominio.

El impago de la pensión fijada en una sentencia firme implica que la otra parte podrá ejecutar esa sentencia, de modo que el Juzgado requerirá el pago de dicha pensión y, en caso de no realizarse voluntariamente el mismo, podrá acordar el embargo de cuentas bancarias y otros bienes para tal fin.
Si el impago se produce de manera voluntaria y reiterada (durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos), la conducta puede ser constitutiva de delito de abandono de familia en su vertiente de impago de pensiones, previsto en el art. 227 del Código Penal, llevando aparejada la pena de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 24 meses.

Efectivamente puede solicitarse y concederse en su caso, la modificación de medidas paternofiliales siempre y cuando concurran los siguientes requisitos:
La existencia de un cambio objetivo en las circunstancias tenidas en cuenta para adoptar las medidas que se pretende modificar.
Los hechos que motivan la solicitud de modificación deben haberse producido posteriormente al dictado de la sentencia de divorcio.
El cambio de circunstancias debe ser relevante y permanente.
El cambio de circunstancias debe ser imprevisible y no causado por la voluntad de quien solicita la modificación de las medidas.
El cambio de circunstancias debe acreditarse por quien solicita la modificación de las medidas.